La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, ha presentado ante la Asamblea General un informe en el que examina «las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de la reproducción subrogada», así como los factores que impulsan esta práctica y sus consecuencias en los derechos humanos.
Según el informe, la subrogación va en aumento en todo el mundo, con un crecimiento notable de los acuerdos transfronterizos, en los que progenitores de países de mayores ingresos recurren a mujeres en jurisdicciones donde la práctica está permitida. El mercado mundial estaba valorado en casi 15.000 millones de dólares en 2023 y se estima que alcanzará los 100.000 millones en 2033.
Las madres sustitutas suelen recibir entre el 10 % y el 27,5 % del pago total, mientras que la mayor parte se destina a intermediarios. Además, existen incentivos económicos para quienes captan mujeres para agencias de reproducción subrogada, lo que genera dinámicas de reclutamiento en contextos de vulnerabilidad.
Marcos legales divergentes
El informe identifica tres grandes modelos regulatorios: la prohibición absoluta (caso de Italia, que en 2024 tipificó la subrogación como «delito universal»); la regulación de acuerdos altruistas (Australia, India); y la autorización de la modalidad comercial (Georgia, Israel o Ucrania). En muchos países, la ausencia de regulación genera vacíos jurídicos. Las resoluciones judiciales también difieren: en España, el Tribunal Supremo ha sostenido que el deseo de ser padres no puede prevalecer sobre los derechos de las mujeres.
Mujeres y niñas afectadas
La relatora destaca que las madres sustitutas suelen provenir de entornos con menores ingresos y estatus social que los comitentes. A ello se suma la situación de mujeres que donan óvulos, expuestas a tratamientos hormonales invasivos, y de madres comitentes, que pueden verse presionadas en contextos jurídicos complejos. El informe documenta, además, casos de trata en los que familias en situación de pobreza entregan a sus hijas a redes de subrogación con falsas promesas de empleo o matrimonio.
Tipos de violencia identificados
El informe detalla diversas formas de violencia:
– Económica: contratos que imponen renuncias a la autonomía médica, negación de compensaciones o restricciones a la libertad de movimiento.
– Psicológica: presión emocional para aceptar la práctica, niveles elevados de depresión y ansiedad, y traumas derivados de la separación posparto.
– Física: riesgos médicos superiores a los de un embarazo convencional, como cesáreas múltiples, partos prematuros y complicaciones asociadas a tratamientos de fertilidad.
– Reproductiva: abortos forzados, reducciones embrionarias y restricciones contractuales que pueden asemejarse a situaciones de esclavitud.
Impacto en los niños
El documento alerta de las consecuencias para los menores, en particular para las niñas. Entre ellas, la separación inmediata tras el nacimiento, mayores tasas de parto prematuro y bajo peso, prohibición de la lactancia materna en muchos contratos y riesgos de carencia de nacionalidad o identidad jurídica en acuerdos internacionales.
Responsabilidades repartidas
Alsalem señala como principales responsables de actos de violencia a agencias e intermediarios que reclutan a mujeres en situación de vulnerabilidad, a profesionales médicos que realizan intervenciones sin consentimiento y, en algunos casos, a los propios Estados, cuando recurren a prácticas coercitivas o no garantizan protección adecuada.
Recomendaciones
En sus conclusiones, la relatora propone avanzar hacia la erradicación de la subrogación en todas sus formas. Mientras tanto, recomienda que los Estados adopten medidas para proteger a las mujeres y a los niños afectados, garantizar el acceso a la justicia y desarrollar un marco internacional jurídicamente vinculante que prohíba esta práctica.
